Semana 2

Licenciatura en Trabajo Social
Análisis Institucional
Pobreza, exclusión y desigualdad
Como se ha demostrado ya ampliamente, uno de los rasgos característicos de las
sociedades de América Latina y el Caribe es la combinación de altos niveles de
pobreza y una gran desigualdad en la distribución del ingreso. En la última edición
del Panorama social de América Latina (CEPAL, 2005b), se estima que en el 2005
un 40,6% de la población se encontraba en situación de pobreza, mientras un 16,8%
no sólo era pobre, sino que vivía en condiciones de pobreza extrema o indigencia.
Crecimiento económico, pobreza y desigualdad
Junto con los elevados niveles de pobreza y desigualdad, las economías de América
Latina y el Caribe se caracterizaron en los últimos veinticinco años por una alta
volatilidad y un bajo crecimiento del producto interno bruto (PIB).
Para 2006, el hecho de que se hayan registrado tres años consecutivos de
crecimiento (2004- 2006) a una tasa promedio anual cercana al 4,9% constituye un
logro promisorio. Entre otros aspectos relevantes, estos niveles de crecimiento han
influido significativamente en los niveles de pobreza e indigencia, como se señalaba
en la sección anterior. Si bien este nivel de crecimiento es elevado cuando se
considera la evolución regional de las últimas décadas, no lo es cuando se lo
compara con la evolución del PIB de otros países en desarrollo en los últimos años.
Evolución del gasto social
A diferencia de la pobreza y el crecimiento económico, la evolución del nivel del
gasto público social en los últimos quince años presenta un patrón positivo. Mientras
en los años ochenta este gasto disminuyó un 28% por habitante, los años noventa
se caracterizaron por un marcado aumento de los recursos destinados a los
sectores sociales, como la educación, la salud, la seguridad y la asistencia social,
la vivienda, los programas de lucha contra la pobreza y los servicios básicos.
El aumento del gasto social en los últimos quince años es considerable. Su
evolución positiva parece indicar que la disponibilidad de recursos es fundamental
pero no suficiente para avanzar en la materialización de la ciudadanía económica y
social de la población de América Latina y el Caribe.
Objetivos, principios y atributos de las instituciones de la política social
a) Fortalezas y debilidades
En América Latina y el Caribe las políticas sociales son el producto de complejas
estructuras políticas, históricas e institucionales propias de cada país. En este
contexto, un factor digno de mención es que en la mayoría de los países se han
planteado iniciativas de diversa índole, tanto en lo que respecta a su concreción
como a su población destinataria.
Como señala Galiani (2006), en los países desarrollados el Estado de bienestar
cuenta con un núcleo institucional fuerte y relativamente estable, y los cambios se
plantean y ocurren alrededor de ese núcleo. En la región, en cambio, no existe en
general un núcleo de instituciones y programas sociales debidamente articulados
por un conjunto estratégico de medios y metas sociales a largo plazo.
Consolidación institucional
El refuerzo de las instituciones que diseñan e implementan políticas públicas no es
una tarea sencilla ni fácil de definir, pero existe un área exitosa con la cual pueden
establecerse valiosas analogías. En efecto, uno de los logros más importantes de
la última década en materia económica en numerosos países de América Latina y
el Caribe ha sido el notable incremento de la eficacia y la creciente credibilidad de
las instituciones encargadas de la gestión macroeconómica.
Objetivos de la política social y principios de intervención
Esto permitiría orientar la política social a la consecución de una ciudadanía
económica y social plena por parte de todos los miembros de la sociedad. En la
práctica, este objetivo general debe adaptarse a las características y el nivel de
desarrollo de cada país, y reflejar las necesidades de cada sociedad y no la inercia
presupuestaria o la presión de grupos de interés. En efecto, como se argumenta en
CEPAL (2006), pueden plantearse principios relativamente universales, pero no
“recetas únicas”: cada sociedad debe fijar sus prioridades en materia social.
Universalidad
La universalidad implica garantizar a todos los ciudadanos la protección y los
beneficios fundamentales que aseguran su participación plena en la sociedad que
los congrega. Dicho principio apunta a que todos sus miembros tengan la certeza
de que la sociedad les asegurará, ex ante, igualdad de oportunidades para
desarrollarse y, ex post, un bienestar básico que concuerde con el nivel de
desarrollo en un momento dado.
La universalidad es el principio rector que sustenta el sentido de pertenencia y
cohesión social y, en última instancia, que brinda la gobernabilidad imprescindible
para la construcción de un consenso social en torno al necesario desarrollo de una
sociedad equitativa e incluyente.
Solidaridad
La solidaridad, por lo tanto, se estructura fundamentalmente en la definición del
financiamiento del sistema de derechos y prestaciones, mediante el aporte
obligatorio y diferenciado de los miembros de la sociedad en función de la capacidad
económica, mientras que las prestaciones sociales (servicios, beneficios y
garantías) se reciben en forma obligatoria (por ejemplo, en educación) o de acuerdo
a las necesidades de cada cual en el campo de la salud, conforme a los límites
económicos fijados socialmente.
La solidaridad se instrumenta de múltiples maneras, especialmente a través de
programas de gasto público, sistemas de subsidios cruzados en la seguridad social
y la tributación.
Eficiencia
El principio de eficiencia, tercero en la lista, pero tan importante como los anteriores,
debe orientar la organización y la gestión global de los servicios y prestaciones
sociales. Este principio es instrumental para la consecución de una plena
ciudadanía económica y social en un contexto de recursos públicos escasos, ya que
implica garantizar los mejores resultados posibles con un determinado volumen de
recursos.
La transparencia de la gestión y la implementación de políticas y la constante
evaluación de los resultados son esenciales para una gestión eficiente, como se
explica más adelante. Asimismo, la búsqueda de la eficiencia supone el
establecimiento de una estructura de incentivos que fomente un mejor uso y
asignación de los recursos en cada actividad y entre diferentes actividades por parte
de los actores relevantes.
Reglas claras, objetivos concretos y continuidad de la política social
Uno de los requisitos fundamentales para el fortalecimiento de estas instituciones
es la existencia de reglas claras y estables, como también de objetivos concretos,
sobre la base de acuerdos políticos explícitos y con el respaldo de la legislación
pertinente. Por una parte, la transparencia de las reglas y el hecho de que se basen
en acuerdos dan mayor solidez al funcionamiento de las instituciones
correspondientes.
Gestión eficaz, transparencia y evaluación
Además del principio de eficiencia, un atributo con el cual es importante dotar a las
instituciones encargadas de diseñar y aplicar la política social es el de gestión eficaz
y transparente. La administración de programas sociales, especialmente de los
focalizados, tiene un mayor nivel de complejidad que otras áreas del quehacer
público. El primero de estos elementos puede aplicarse a toda la administración
pública y los avances en la gestión macroeconómica destacados anteriormente
pueden servir de inspiración. Es necesario desarrollar y retener recursos humanos
con formación técnica en los organismos que se ocupan de la política social, puesto
que esto permite profesionalizar la gestión pública y garantizar la continuidad de los
actores más importantes, que acumulan un acervo de conocimientos de los que el
Estado no puede prescindir.
Articulación y coordinación
La articulación y la coordinación, que dan una perspectiva unificada de la acción
estatal, hacen efectivo el principio de eficiencia en la medida en que permitan
superar duplicaciones, rivalidades presupuestarias e intereses sectoriales, y
promover la coherencia Inter temporal e intersectorial.
Entre las tareas que se les asignen a estos organismos, cabe mencionar la
clasificación y racionalización de la oferta de programas existentes, la detección de
superposiciones y falencias, la coordinación de recursos, la identificación de
oportunidades de sinergia sectorial y el complemento de la asistencia con la
necesaria oferta de servicios para brindarla.
…